El Gobierno de Canarias (CC-PP) rebajará la protección del 50% de nuestras especies amenazadas

La comunidad científica y los ecologistas denuncian intereses urbanísticos

 

Coalición Canaria se intenta justificarse, pero el Gobierno de España estudia recurrir

El registro elimina 226 especies protegidas, rebaja la cobertura a otras 131 y ampara a 94 de una forma que los expertos califican de "irracional y perversa", puesto que sólo velará por la planta o el animal que esté dentro de un espacio protegido, pero si pisa, crece, nada o vuela fuera de estos lugares, estará desamparado. Los atentados contra las especies descatalogadas no serían considerados delitos ecológicos, sino infracciones administrativas.

"Se trata de un delito, un atentado a la biodiversidad y los recursos naturales", afirma Alberto Brito, Catedrático de Biología Marina de la Universidad de La Laguna (ULL). Brito considera que esta propuesta de ley no soporta un análisis riguroso desde el punto de vista científico ni jurídico. La bióloga Cristina González, responsable de SEO/BirdLife en Canarias, llama la atención sobre ese extremo. "No sólo no tiene apoyo científico, sino que vulnera la ley estatal de patrimonio". La norma establece que las especies incluidas en los catálogos regionales deben tener al menos la misma protección que tienen asignada en el catálogo estatal, nunca inferior.

El profesor Juan José Bacallado, ex director del Museo de Ciencias Naturales, y el catedrático de zoología Pedro Oromí Masoliver afirman sin rodeos que el nuevo registro responde a intereses urbanísticos y de infraestructuras. "Coalición Canaria quiere quitarse de en medio un montón de especies protegidas que entorpecen proyectos de 'supuesto interés social', y ya sabemos con qué facilidad se declara en Canarias cualquier obra como de interés general".

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Medio Ambiente aseguran que Canarias es la única autonomía que se ha apresurado a establecer un catálogo autonómico sin esperar a que un comité científico nacional finalice el nuevo estatal. Al parecer, dicen, quieren saltarse una disposición de la Ley de Conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, según la cual las categorías de especies sensibles a la alteración del hábitat y de interés especial se mantienen vigentes hasta que no aparezca el listado estatal. Juan Garay, director general de medio natural y política forestal del ministerio, asegura que "ninguna comunidad puede rebajar una categoría de protección recogida en el listado que contiene el catálogo estatal; la única forma viable de hacerlo es que mediante estudios científicos se entienda que una especie ya no está dentro de los baremos de protección que en su día hicieron que entrara en ese Catálogo Nacional. Estos informes deberían además pasar por la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y Biodiversidad. Cualquier iniciativa autonómica que no siga estos cauces será recurrida en los tribunales por la Administración del Estado".

 

Extractado de elpais.com